Junio del 2001
Artículo para los directores de los periódicos diocesanos

Rick Mockler
Director ejecutivo
Caridades Católicas de California

La delincuencia, la justicia y la reintegración

Al poco tiempo de que empecé a trabajar con Caridades Católicas, recibí una lección sobre el poder de la presencia de la Iglesia en las vidas de las personas alcanzadas por la delincuencia. Por la enseñanza de los entrenadores menonitas y de los capellanes católicos, aprendí a ser mediador entre las víctimas de la delincuencia y los infractores juveniles. A través de las recomendaciones sancionadas por los tribunales, creamos un espacio seguro donde las víctimas pudieran obtener respuestas a sus preguntas y los jóvenes pudieran ver el rostro humano de la persona a quien robaron, un lugar donde una víctima podría recibir no solamente resarcimiento, sino que también podría lograr alguna resolución.

Después de la investigación, la preparación y el diálogo inicial típicamente tenso, la esencia de las sesiones que se realizaban cara a cara era frecuentemente transformadora. Los infractores juveniles a menudo comentaban que no habían pensado en las consecuencias de sus acciones anteriormente. Las víctimas del delito informaban que era la primera vez que realmente se habían sentido escuchadas. Ambas partes llegaban a un acuerdo sobre la restitución, cumpliéndose tales acuerdos en más de un 90 por ciento de los casos.

Los menonitas caracterizan este método como "justicia de reintegración," al dar sanación a las víctimas e incluir al infractor en la ecuación. Este método de restitución puede contrastar con un sistema de justicia penal más amplio que pone énfasis en el castigo para los infractores hasta el punto que excluye todo lo demás.

Preocupados por las fallas en el sistema de justicia penal, los Obispos Católicos recientemente han hablado sobre estos temas. En una importante declaración aprobada el pasado noviembre, los obispos católicos publicaron Responsabilidad, Rehabilitación y Reintegración, en la cual se desafía los métodos como las iniciativas de las "tres faltas", el descuido de las víctimas y la sobre dependencia en las prisiones como una solución a la delincuencia.

En el transcurso de los dos últimos años, los Obispos de California han estado al frente de una ambiciosa serie de visitas pastorales a las prisiones de todo el estado: visitando a los reclusos condenados a muerte y las unidades de encierro de máxima seguridad, hablando con los administradores de más alto rango y con el personal de línea, reexaminando las necesidades del ministerio católico dentro de las instituciones y las necesidades de los convictos en libertad provisional. Mientras que se han comprometido a continuar sus visitas, los obispos de California han publicado un informe en el mes de abril con recomendaciones, tanto para la misma Iglesia como para el Departamento Correcional.

Los obispos observan que muchos de los reclusos y de los mismos guardias son católicos, ya sea culturalmente o por práctica. Los obispos dieron instrucciones específicas a sus ministerios diocesanos para que satisfagan de una mejor manera las necesidades de las familias de los reclusos, las víctimas de la delincuencia, los convictos en libertad provisional que regresan a la comunidad y los reclusos que se encuentran todavía en la prisión. Los obispos pidieron que el Departamento Correcional respete la identidad y la práctica religiosa de los reclusos, que brinden su apoyo a las visitas familiares, especialmente para los hijos de los reclusos y que reduzcan la práctica inhumana del aislamiento penal prolongado.

La Conferencia Católica de California ha trabajado en varios proyectos de ley en esta sesión legislativa para promover una agenda de reintegración. SB 700 (Karnette - Long Beach) le daría a los hijos de las mujeres presas la oportunidad de visitarlas y pasar la noche en los terrenos de la prisión. Dichas visitas han revelado que se fortalecen los lazos maternales, así como la salud emocional, tanto de los hijos como de las madres.

SB 404 (Polanco - Los Angeles) reconstruiría los programas educativos dentro de la prisión, con la expectativa de que todo preso que tenga la posibilidad de ser liberado tenga la oportunidad de obtener lo equivalente a una educación de la escuela superior. Solamente el 30 por ciento de los reclusos tienen en la actualidad acceso a programas educativos o vocacionales, a pesar de la importancia de la enseñanza para el éxito afuera.

Políticamente, hoy en día, es difícil que los legisladores apoyen una agenda de justicia de reintegración, sin importar qué tan valiosa pueda ser. En su declaración nacional, los obispos observaron que muchas de las fallas de nuestro sistema judicial actual se atribuyen a los valores y actitudes del público votante, incluyendo a la comunidad católica.

Una ilustración de esta tensión es el proyecto de ley AB 1512 (Aroner - Berkeley), el cual prohibiría la ejecución de las personas con retraso mental - personas con un cociente intelectual por debajo de 70. Las personas con retraso mental pueden ser manipuladas fácilmente, confiesan haber hecho cosas que no hicieron, frecuentemente no se pueden enfocar en su propia defensa y aunque en realidad sean culpables, puede que no entiendan la gravedad de sus acciones o lo que significa la muerte.

De manera que podría predecirse, los legisladores que apoyen esta medida serán acusados de ser débiles ante la delincuencia. Esta presión es evidente por el hecho de que el proyecto de ley AB 1512 fue recientemente sacado de una agenda de audiencias del comité de la Asamblea, condenando su posible consideración para este año y evitando efectivamente que muchos legisladores tengan que votar de una manera que posiblemente pudiera utilizarse en su contra en el futuro.

Los obispos nos han pedido a nivel nacional que nos alejemos de un debate sobre lo "débil" y lo "duro" y que adoptemos un método más profundo que se dirija a los verdaderos seres humanos involucrados. Con gratitud a nuestros hermanos y hermanas menonitas por su visión en esta área, un método católico busca la reintegración para las víctimas, los infractores y las comunidades en general y el fin al ciclo de la violencia.